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Tapa de La Infancia desarraigada en tierras hispanohablantes (Marie-Élisa Franceschini-Toussaint i Sylvie Hanicot-Bourdier, dirs, 2024) Show/hide cover

Menores en el tribunal de la Chancillería de Valladolid en el siglo 16

Trabajo elaborado en el marco de las actividades patrocinadas por el proyecto PID2020-117235GB100, Convocatoria 2020 Proyectos de I+D+I – PGC tipo B, «Mujeres, familia y sociedad. La construcción de la historia social desde la cultura jurídica. Siglos XVI-XX».

La investigación histórica sobre la infancia tardó en llegar y lo hizo de la mano de la Historia Social y de las Mentalidades. Han pasado muchos años desde la publicación de la obra de Philippe Ariès1 y el número de trabajos acerca del tema sigue siendo corto, sobre todo si excluimos los publicados sobre la educación, la marginación, la ilegitimidad y el abandono. Con este trabajo queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda Éditions de l’Université de Lorraine para dar a conocer la actividad judicial relacionada con los menores en la Chancillería de Valladolid en el siglo 162.

Tanto para los reyes de la Edad Media, como para los de la Edad Moderna, la justicia era el fundamento de sus reinos. De hecho, durante el Antiguo Régimen gobernar fue sobre todo administrar justicia. Así, leyes, jueces y tribunales fueron la base sobre la que se asentó buena parte del poder político durante la Edad Moderna. Siguiendo este razonamiento, Pedro Luis Lorenzo Cadarso ha defendido que el funcionamiento ordinario de los tribunales reales convirtió a estos órganos en resortes de poder de la corona, los cuales sirvieron para reforzar la autoridad del monarca y para canalizar las tensiones sociales de aquel entonces3.

Se ha dicho con razón que los siglos 16 y 17 fueron la época de la ley y del pleito. Con ello se ha querido significar que hubo una judicialización de la vida civil. Ya en la Edad Media la corona poseía un papel arbitral, respetado por nobles, clérigos y pecheros, pero al llegar el siglo 16 se comprueba claramente que la justicia real se había convertido en hegemónica y había llegado a capas muy amplias de la sociedad. A ello contribuyeron las leyes emanadas de la voluntad regia, pero también debe subrayarse la eficacia en el manejo de los pleitos por los órganos judiciales: corregidores, audiencias, chancillerías y consejos, los cuales lograron ganarse la confianza de los súbditos.

Al acercarnos al conocimiento de las actuaciones procesales relacionadas con los menores en el tribunal de la Chancillería de Valladolid nos proponemos medir el grado de protección judicial de los menores en la Castilla del siglo 16, averiguar quiénes fueron los agentes participantes en los procesos de menores, las materias de sus litigios y la duración de sus pleitos.

La investigación la hemos llevado a cabo sobre la documentación de la Chancillería de Valladolid porque en España es el órgano judicial de la Edad Moderna que conserva una masa documental más completa, más ordenada y mejor catalogada. Fue establecida por Enrique II en 1371 y reorganizada por los Reyes Católicos mediante las ordenanzas promulgadas en Medina del Campo en 1489. Al principio sólo había una Chancillería, pero en 1494 se creó una segunda con sede en Ciudad Real y se fijó en el río Tajo la divisoria entre la jurisdicción de las dos. Pocos años después, cuando las circunstancias políticas lo permitieron, la Chancillería de Ciudad Real fue trasladada a Granada en 1505. Por último, ambas chancillerías fueron suprimidas en 1834 como consecuencia de la implantación del liberalismo. Era el resultado lógico para dos instituciones tan características del Antiguo Régimen.

Desde el siglo 15, hay pleitos relativos a menores en la Chancillería vallisoletana y la serie no se suspende en ningún momento de toda la Edad Moderna, pero fue en el siglo 16 cuando hubo más procesos de esta naturaleza. Hasta el punto de que en el seiscientos hubo más del doble de litigios judiciales que en el resto de los tiempos modernos.

Cantidad de pleitos de menores en la Chancillería de Valladolid

Siglo 15: 26 pleitos

Siglo 16: 1 449 pleitos

Siglo 17: 335 pleitos

Sin embargo, antes de seguir adelante debemos declarar a quién se consideraba menor de edad entonces. Desde los tiempos de las Partidas se consideró menores de edad legal a las personas que tenían menos de 25 años, que era la edad exigida para participar en juicios como actor, demandado, testigo o juez. En consecuencia, todos los menores que aparecen en los procesos están personados a través de sus legítimos representantes.

Al llegar aquí, permítaseme un inciso para perfilar las distintas etapas de la minoría de edad, apoyándonos en uno de sus mejores estudiosos, Máximo García Fernández, el cual ha indicado que hasta los cinco años el niño gozaba de un trato benigno en comparación con el que comenzaba a partir de los siete, cuando se imponía una disyuntiva: llevar al chico a la escuela o introducirlo en el mundo laboral. En el caso de las chicas, a la misma edad seguían bajo la protección materna durante esa etapa en la que se iniciaba la transición hacia la madurez y a la que se ha dado en llamar la edad de la discreción. La historiografía modernista se ha ocupado cumplidamente del ciclo vital de los jóvenes en el Antiguo Régimen: el aprendizaje laboral agremiado, su ocupación en el servicio doméstico, su experiencia en faenas agrícola-pastoriles, la formación universitaria, el noviciado enclaustrado y el camino hacia el matrimonio4.

Pero sigamos presentando los hallazgos encontrados en nuestra fuente. Al analizar la procedencia geográfica de los pleitos se comprueba un reparto territorial que afecta a todo el distrito asignado, aunque no en la misma medida. Galicia presenta poca presencia en la tabla; pero, aparte de la lejanía y la dificultad de las comunicaciones, los gallegos tenían su propia audiencia con sede en Coruña. El País Vasco y Navarra presentan representación significativa, lo que quiere decir que los territorios forales confiaban en los tribunales reales. En el caso de Extremadura debe tenerse en cuenta que sólo el norte de la actual provincia de Cáceres pertenecía al distrito de este tribunal. En la submeseta sur destacan, con diferencia, Toledo (9 %) y Madrid (12,6 %), pero es que eran las poblaciones con mayor dinamismo y población. En la actual Castilla y León destacan Palencia (13,8 %), Valladolid (10,8 %) y Salamanca (9,6 %).

Cuadro 1. Procedencia geográfica de los pleitos de menores en la Chancillería de Valladolid

ProvinciaPorcentaje
Asturias1,1
Cantabria4,2
Toledo9,0
Cuenca0,6
Guadalajara3,6
Albacete0,6
León2,4
Palencia13,8
Salamanca9,6
Valladolid10,8
Soria4,8
Segovia6,0
Ávila3,6
Cáceres3,6
Coruña0,0
Lugo0,0
Orense1,2
Pontevedra0,0
Rioja3,0
Madrid12,6
Navarra0,6
Álava2,4
Guipúzcoa3,0
Vizcaya3,5
Total100,0

Del análisis de los procesos no se deduce una duración exagerada de los procesos. A veces se resolvían en unos meses5. En algún caso duró ocho años6. La duración media fue de dos años y medio, lo cual no era demasiado, si tenemos en cuenta que en nuestros días el Tribunal Supremo de España tardó en el año 2021 algo más de dos años en resolver los asuntos civiles de los que entendía7. Semejante capacidad para cumplir adecuadamente la función judicial parece contradecir la idea de los contemporáneos sobre el alargamiento exagerado de los pleitos. En favor de las cuatro Salas de lo Civil debemos reconocer su buen hacer para conseguir estos resultados, pero también debe tenerse en cuenta que estas causas llegaban a Valladolid en apelación de sentencias dictadas por órganos judiciales inferiores, en los que los litigantes habrían empleado otro período considerable de tiempo. Por tanto, entre una instancia y otra iban corriendo los años de los chiquillos, cuyas necesidades vitales debían atenderse sin demora. Con todo, la estadística demuestra que los oidores se tomaban en serio la protección de la infancia y los litigantes no alargaban artificialmente los procesos, como hacían en otros casos para aprovecharse torticeramente del sistema legal. Estos pleitos no eran demasiado complejos y permitían llegar a la resolución del litigio en un lapso razonable. Eso sí, con algún costo económico, porque litigar no era gratis. Escribanos, procuradores y abogados cobraban sus aranceles. Las acciones de la Justicia en aquel período fueron ampliamente criticadas en la literatura del Siglo de Oro. Además, la constante repetición de quejas por los mismos errores en los juicios de residencia y durante las inspecciones de las visitas podría ofrecernos una perspectiva bastante negativa del personal encargado de aplicar la ley. Sin embargo, a pesar de estas críticas, la población mantenía su confianza en la Justicia. De igual manera, los representantes de las ciudades en las Cortes de Castilla, más allá de expresar quejas específicas, alababan su rol y defendían su superioridad sobre las demás jurisdicciones8.

A la vista de los motivos de los litigios se puede declarar que en ellos se aprecia poco cuidado por la educación9, la salud o el bienestar del niño. La mayor parte de los pleitos tienen relación con la herencia, los bienes materiales y las cuentas, lo cual es lógico si se considera que desde el inicio de la Edad Moderna se desarrollaron mecanismos jurídicos y sociales, originarios de la Edad Media, que situaron la herencia en el centro de la familia. De tal manera que la herencia aglutinaba a la familia en los periodos de concordia entre los parientes, aunque desde luego, en torno a ella afloraron innumerables disputas, como se verá a continuación10.

En el modelo demográfico del Antiguo Régimen era frecuente la quiebra de las estructuras familiares por la desaparición de uno o ambos cónyuges. Vicente Pérez Moreda demostró hace muchos años que en un 50 % de los casos, el fondo hereditario sería transmitido a adolescentes tras la muerte del primero de sus progenitores11. Además, los recursos económicos condicionan la vida presente y futura del menor: su calidad de vida, alimentación, vestido, alojamiento, educación, profesión, boda, etc. Es normal que se pleitease preferentemente por cuestiones económicas, sin que ello sea contradictorio con lo expuesto por Isidro Dubert cuando indicó que en las sociedades de economías precarias y sin instituciones de protección frente al desamparo, las relaciones familiares son de una reciprocidad total, pues el cariño contaba tanto como las contrapartidas materiales que se esperaban recibir a cambio12. Debe tenerse en cuenta que nuestra fuente es judicial y por tanto recoge los conflictos de la sociedad. Los pleitos son una parte de la realidad social, pero no reflejan la totalidad de aspectos presentes en la sociedad.

En nuestra fuente de información se prioriza la preservación de los intereses materiales sobre los educacionales y afectivos. En ella no se observan problemas infantiles señalados por otros especialistas estudiosos de otras fuentes, como los problemas del niño expósito, el alto volumen de abandonos, el descuido de medidas higiénicas, la negligencia en la crianza…13.

Tratándose de pleitos en los que se implicaban menores, cobraban gran importancia las figuras de protección establecidas por el Derecho en su favor: padres generales de menores, tutores y curadores. La legislación era sensible a la necesidad de combatir los abusos contra los intereses de los huérfanos. Por eso elaboró un cuerpo normativo para proteger sus intereses patrimoniales con la creación de las mencionadas figuras de tutelaje y encomendando a los tribunales de justicia el amparo efectivo de sus haciendas14.

El padre general de menores era una institución parecida al padre de huérfanos, aunque su cometido estaba más orientado a velar por los bienes de los huérfanos. Tradicionalmente se ha considerado al padre y juez de huérfanos como uno de los primeros antecedentes de los tribunales de menores en España. La figura había nacido en Valencia en el siglo 14. Fue creada por Pedro IV el Ceremonioso y de allí pasó a Aragón y Navarra, llegando a Castilla en el siglo 17 con el nombre de padre general de menores, donde funcionó hasta que Carlos IV la suprimió en 179315.

El tutor ejercía su responsabilidad en favor de los menores de 14 años. Con frecuencia era un familiar16. Ciertos regidores medievales tenían la facultad de nombrarlos, pero lo más frecuente era designarlos por medio de la tutela testamentaria, basada en la potestad del padre para nombrar los tutores de sus hijos. Quedaban establecidos en el testamento, aunque a falta de tutor testamentario o legítimo, los podía nombrar un magistrado. En este caso la tutela se llamaba tutela diferida o dativa.

Previo al ejercicio de la función, el tutor estaba obligado a realizar un inventario de los bienes del menor a fin de poder presentar las cuentas al finalizar la tutela. A veces se le exigían fianzas para asegurar la buena administración, pero esto era un arma de doble filo, pues si bien garantizaba que el menor podría resarcirse de una gestión deshonesta o descuidada, era un obstáculo para encontrar tutor, pues muchas personas no querían correr el riesgo.

Las Cortes se quejaron ante el monarca de la pérdida de haciendas encomendadas a tutores y curadores, proponiendo la presentación de cuentas ante las autoridades cada dos años. En otra ocasión, los procuradores pidieron que en cada ciudad hubiera un libro donde se anotase el nombre del difunto, sus hijos menores, sus tutores, el escribano que dio fe de la tutela y de las cuentas. Seguramente, la corona entendió que no había medios materiales para adoptar medidas semejantes y dijo que, si se conocían casos graves, se informara de ello y se proveería lo que conviniera17.

Una vez nombrado el tutor comenzaban sus funciones. Por lo que hemos comprobado, la tutela solía recaer en un familiar, generalmente en la madre, que siempre tenía buena disposición para el cuidado de sus hijos, aparte de que la legislación impedía que pudiera beneficiarse de la herencia de los hijos. La ley quitaba la tutela a las madres si contraían segundas nupcias, a no ser que el esposo le hubiera dado libertad para hacerlo en las últimas voluntades18. Las segundas y terceras nupcias eran legales y formaban parte de una realidad social en la que la muerte estaba muy presente. Como apunta Isabel Testón, en un tiempo en el que sobrevivir era un imperativo vital, en el que la muerte estaba asumida en el día a día, iniciar una nueva vida, un nuevo matrimonio, era tan habitual como necesario19. A veces, la forma que tenían las viudas de salir adelante era contraer un nuevo matrimonio, pero socialmente no estaba bien visto: la historiografía recoge la animadversión hacia las segundas nupcias, porque los padrastros y las madrastras tenían mala fama y cuando el heredero era menor, su fortuna sufría mucho menoscabo, aunque solo fuera porque había que pagar a su curador20. La legislación imponía algunas prevenciones sobre los matrimonios de las viudas. Debían respetar el duelo por el marido, no podían casarse sin haber pasado un año desde su fallecimiento, tiempo que se consideraba período oficial de luto21. Perdían la tutela de sus hijos menores si se casaban de nuevo22.

Los maridos eran conscientes de que la única forma de que sus viudas reordenaran sus vidas y adquirieran seguridad económica, era que contrajeran nuevas nupcias, pero como no era eso lo que querían, las incentivaron con diferentes ventajas para que permanecieran solas ocupándose del cuidado de sus hijos y de su herencia. Las instituciones legislativas, preocupadas porque los bienes del linaje se mantuvieran íntegros, intentaron regular el modelo familiar a través de la legislación23. Se prescribió la obligación de elaborar un inventario de bienes en caso de tener hijos para no menoscabar el derecho a la herencia paterna de los menores24.

La patria potestad correspondía al padre exclusivamente. Por tanto, la acción tutelar de la mujer quedaba reducida a la madre y a la abuela, si es que la testamentaría del marido lo permitía, quedando extinguida por el nuevo matrimonio de la viuda25.

Los tratadistas preferían un modelo ideal en el que todos los viudos, hombres y mujeres, fueran célibes, pero, también es verdad, que los moralistas católicos temían el riesgo de que la mujer adulta y sola no soportara la incontinencia sexual. Entre estos postulados se debatió la sociedad del Antiguo Régimen, pero lo cierto es que las segundas nupcias fueron tan habituales en los siglos 16 y 17 que deberíamos reconsiderar si hubo tanta animadversión hacia ellas como se ha dicho algunas veces26.

Aparte de las madres viudas, con frecuencia vemos como tutores a los abuelos, menos veces a los tíos y casi nunca a los hermanos mayores, pero siempre hubo una protección legal de la herencia tutelada: «Todo hombre que es cabezalero o guarda de huérfanos no puede comprar ninguna cosa de sus bienes»27.

Los tutores debían afrontar los gastos del menor que representaban la manutención, vestido, calzado, deudas transmitidas por los progenitores fallecidos28, cumplimiento de disposiciones testamentarias, deberes tributarios y administración de tutela. Es importante resaltar que las partidas relativas a alimentación, vestido, calzado y educación de los menores no llevaba nunca a la cuarta parte del global de las cantidades invertidas29. Una peculiaridad encontrada por Gema Cava López en poblaciones del norte de la diócesis de Coria es la adjudicación de los menores huérfanos mediante pregón a los interesados en hacerse cargo de la manutención del menor a cambio de una soldada. Parece que esta práctica fue más frecuente en el siglo 16, pero pervivió en las centurias posteriores30.

La otra gran figura de protección del menor fue el curador. Al hacer 14 años el muchacho y 12 la muchacha, podía pedir a la justicia de la ciudad el nombramiento de un curador que administrase sus bienes. Debía ser una persona abonada que debía presentar fiador. Al comienzo de su encargo debía hacer inventario de bienes y al final presentaba todas las cuentas. Era bastante raro que personas solteras ejercieran como curadores o tutores de menores, pero había algunos casos31.

En teoría, tutores y procuradores defienden los intereses de sus menores. En la práctica judicial, veremos que familiares, tutores y curadores se enredan en una maraña de litigios que ponen de relieve una conflictividad intensa. Curadores ad litem que litigan contra tutores sobre el pago de alimentos32, sobre reclamaciones de dinero33, sobre rendimiento de cuentas34, sobre salarios por trabajos realizados por el menor en beneficio de su tutor35. Incluso, alguna vez pleitearon entre sí dos procuradores ad litem que llevaban conjuntamente la protección de los intereses de un menor. Fueron Sebastián de Santiago y Andrés de Ordás. El primero demandó al segundo para pedirle indemnización por el tiempo y el dinero que empleó en la causa judicial que conjuntamente promovieron contra el padrastro del niño que era administrador de sus bienes36. Tutores y curadores de distintos hermanos pleiteaban entre sí sobre las cuentas y el reparto de los gastos que hicieron con sus respectivos menores37.

Padrastros y madrastras eran personajes denostados en la época, sobre los que pesaba una mala reputación general, aunque se admitía que había excepciones y que algunos eran buenas personas y trataban bien a sus hijastros. Sin duda que la relación doméstica era más complicada en las familias constituidas a partir de núcleos anteriores, pero como las leyes eran cautelosas para que los cónyuges de segundas nupcias no tocaran los bienes de los menores, el tema no suscitó demasiadas controversias judiciales. Los casos que hemos encontrado se relacionan con reclamaciones sobre la herencia del progenitor fallecido. Así, el tutor de una menor de Alcubilla de Avellaneda (Soria) demandó al segundo marido de su madre para que le pagase la deuda que debía a su madre, consistente en 20 fanegas de trigo, 15 000 fanegas de cebadas, 5 fanegas de centeno y una fanega de avena, así como algunas alhajas, porque todo ello formaba parte de la herencia de la madre y debía ir a parar a la niña38. En otra ocasión, es una viuda que pleitea contra los hijos de su segundo marido para obtener la cuarta parte de los bienes de su marido muerto abintestato39.

Lo más frecuente era que demandantes y demandados fueran familiares y que cuanto más próximos, más disputas sucesorias: reclamaciones sobre la dote de la madre40, sobre la legítima41, sobre la herencia del progenitor fallecido42, etc. Estaba a la orden del día que los hijos demandaran a sus padres y a sus madres, o que las madres exigieran a sus hijos bienes que habían heredado indebidamente de sus padres.

Llegados aquí, el lector deducirá a la vista de la naturaleza de las demandas y sus circunstancias que, en el siglo 16, muchas curadurías eran desempeñadas por personas sin vínculos parentales con el menor o con vínculos menos próximos, lo cual propició que se promovieran pleitos en el seno de la familia entre parientes con los máximos grados de proximidad43.

La familia se embrollaba en juicios: padres contra los hijos, abuelos contra los tíos, hermanos entre sí. Los abuelos pleitean con los tíos de los menores para reclamarles sobre la administración de los bienes del menor del tiempo que ejercieron como tutores44, por el reparto de la herencia entre el menor y sus hermanos45, porque habían vendido bienes raíces del menor (cosa que estaba prohibida por las leyes)46. Un sobrino demandaba a su tío para que le pagase los salarios de los muchos años que estuvo a su servicio47. Un menor reclama a su abuelo, a través de su curador, la indemnización que habían pagado los agresores de su padre48.

Los hermanos litigan entre sí para que el hermano mayor, tutor del menor, dé cuenta del inventario de los bienes del pequeño49. Otro reclamaba que su hermano le abonase las cantidades dejadas por su padre difunto para alimentarse50.

A veces las criaturas se veían implicadas, igual que sus parientes mayores, en pleitos generales de toda la familia, como pasó entre los herederos de Patricio Domínguez, en el cual se vieron implicados 13 adultos, una viuda y cuatro menores51.

En una sociedad tan litigiosa se heredaban los bienes y los pleitos. En 1591, Juan Alonso de Cieza inició un pleito, que continuó su hijo, menor de edad, a través de su curador, porque le debían los réditos de un censo. A resultas de todo ello, al demandado, un procurador del número de la Chancillería de Valladolid, se le embargó su oficio en 159652.

Los menores fueron más veces demandantes que demandados. Los motivos por los que los menores demandaron a terceros, ajenos a sus familias, fueron diversos, pero podemos citar entre ellos los siguientes: restitución de bienes raíces53, cobro de rentas54, cobro de censos, reclamaciones por la ocupación indebida de bienes55, reclamaciones de deudas56, reclamación de daños y perjuicios por destrucción de sus bienes57, exigencia de entrega de las prendas necesarias para prestar el servicio58, indemnización por golpes y heridas recibidas59. Así como otras de naturaleza sexual: amancebamiento con promesa de matrimonio60, estupro61 y pederastia62.

Los menores fueron más demandantes que demandados, pero en algunas ocasiones sus tutores tuvieron que defenderlos frente a las acusaciones de terceros. Hubo pocas demandas por agresiones en una sociedad acostumbrada a que mayores y muchachos dirimieran sus diferencias a golpes63. Creemos que sólo en casos extremos recurrían a los tribunales. Naturalmente que fueron más demandados por disputas sobre la propiedad de bienes raíces o sobre reconocimiento de obligaciones y pago de réditos de censos64 que sobre el cumplimiento de sus contratos de aprendizaje, aunque esto último no fuera infrecuente en aquel tiempo.

Tutores y curadores contraían una gran responsabilidad y mucho trabajo, que ciertamente se cobraban a costa de los bienes del menor, los cuales sufrían menoscabo durante su minoría. En todo caso, siempre había un riesgo de que el menor acusara a sus administradores al alcanzar la mayoría de edad65. Hubo desconfianza y crítica social contra los responsables de la administración de los bienes y persona de los menores, pero muy pocas querellas por dilapidación de lo administrado66.

Para ir acabando, diremos que el espectro social de los menores implicados en los pleitos de la Chancillería de Valladolid en el siglo 16 es diverso; pero, dado que el motivo fundamental de los pleitos son reclamaciones relacionadas con la propiedad de bienes, no son personas completamente desheredadas. No son potentados, son gente con aprietos propios de sus circunstancias y que en caso de obtener una sentencia favorable alcanzarían algún desahogo. Hubo quien pleiteó por un mayorazgo67 o un regimiento68, pero fueron una minoría.

Por último, se confirma que en el siglo 16 la Chancillería de Valladolid era un tribunal de justicia consolidado, que inspiraba confianza y actuaba como un garante eficaz de los derechos de propiedad.

Conclusiones finales

Los siglos 16 y 17 fueron la época de la ley y el pleito, y desde luego esa es la idea que se percibe al acercarnos a la documentación judicial de la Chancillería. Con este trabajo, hemos comprobado la importancia de los patrimonios familiares y las herencias en launión de las familias, pero también se han visto los conflictos que se desataban en torno a la transmisión de los patrimonios. Los menores eran parte sensible que proteger, pero al mismo tiempo eran víctimas de un sistema de protección que, aunque eficaz resultaba caro, enfrentaba a los miembros de la familia y los dejaba enemistados.

En el siglo 16, hubo más pleitos relativos a menores que en las dos centurias siguientes. Ello se debió, en muy buena medida, a que se nombraban curadores ajenos a la familia. Las tutelas de menores se encomendaban ordinariamente a las madres viudas, siempre y cuando que no contrajeran nuevo matrimonio. Pero aparte de ellas, actuaron como tutores los abuelos, ocasionalmente los tíos y casi nunca los hermanos mayores.

La procedencia geográfica de los pleitos pone de relieve que al tribunal vallisoletano llegaban pleitos de todos los lugares de su distrito. Litigar no era gratis, pero tampoco era necesario ser un potentado para reclamar sus derechos ante los oidores, que se tomaban en serio su obligación de proteger a la infancia y conseguían dictar sentencia en plazos bastante cortos para la época.

La mayor parte de los pleitos tenían relación con la herencia familiar, que en los períodos bien avenidos aglutinaba a la parentela, pero que en otras ocasiones suscitaba agrias contiendas judiciales.

Tutores y curadores estaban sometidos a un marco legal muy estricto, que le imponía obligaciones molestas, que les exigía un control contable estricto y por añadidura les exponía a reclamaciones judiciales espinosas.

Las segundas nupcias complicaban la relación familiar cotidiana, pero no suscitaron tantas demandas judiciales como cabía imaginar. Los más común fue que demandantes y demandados fueran familiares directos que a mayor proximidad en grado tuvieron mayor probabilidad de pleitos en una centuria, que, aunque de crecimiento económico, la vida se veía sobresaltada continuamente por fallecimientos intempestivos. Las familias se enredaban en juicios: los padres con los hijos, los abuelos con los tíos de los menores, los hermanos entre sí.

Los menores fueron más veces demandantes que demandados. Pocas veces se vieron implicados en causas judiciales por agresiones, aunque éstas estuvieran a la orden del día en aquella época. Lo reiteramos una vez más, tanto cuando fueron demandantes como cuando fueron demandados, sus causas atañían las más de las veces a reclamaciones patrimoniales.

En relación con los tutores y los curadores hubo mucha crítica social. Sin embargo, no hubo demasiadas causas en las que se probase una dilapidación manifiesta de los bienes del menor.

La mayoría de los menores implicados en causas judiciales en el siglo 16 no pertenecían a las capas más encumbradas de la sociedad. Ello ratifica que desde los tiempos de los Reyes Católicos se dio la oportunidad a mucha gente para defender sus haciendas en unos tribunales que funcionaban bien y tenían buena reputación social.

  • 1Ariès Philippe, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1975.
  • 2 Por razones de legibilidad y adecuación a todos los públicos, la edotorial ha optado por escribir los números superiores a 10 en números arábigos, incluidos los siglos.
  • 3Lorenzo Cadarso Pedro Luis, La documentación judicial en la época de los Austrias. Estudio Archivístico y Técnico, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999; Lorenzo CadarsoPedro Luis, «Los tribunales castellanos en los siglos XVI y XVII: Un acercamiento diplomático», Revista general de información y documentación, 8-1, 1998, p. 141‑169.
  • 4García Fernández Máximo, «Formación y conformación de la juventud en la Castilla urbana moderna», Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 34, 2016, p. 43‑60, Citadas p. 43 y 44.
  • 5 Pleito de Juan de Olazábal, menor, de Aya (Guipúzcoa). A.Ch.Va, Pleitos civiles, Fernando Alonso, caja 489, 6.
  • 6 Pleito de Francisco Pérez, de Sobradillo (Salamanca). A.Ch.Va, Pleitos civiles, Fernando Alonso, caja 595,5.
  • 7 C.G.P.J. Estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales [en línea]. Disponible en: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/ch.Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-duracion-de-los-procedimientos-judiciales.formato1/?idOrg=1&anio=2020&territorio=-&proc=ASUNTOS%20DE%20LO%20CIVIL [consultado el 31 de mayo 2022].
  • 8Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna: actas de la segunda etapa del Congreso Científico sobre la historia de las Cortes de Castilla y León, Salamanca, del 7 al 10 de abril de 1987, Cortes de Castilla y León, 1989, p. 526.
  • 9 Sólo hemos encontrado un caso en el que un procurador de la Chancillería de Valladolid pide que se paguen estudios a un chico hasta que cumpliese 30 años. Gonzalo de la Concha, procurador de la Chancillería, como curador de Diego Ramírez de Vargas, menor, vecino de Toledo, con Jerónima de Ayala, viuda de Juan de Vargas Salmerón, vecina de dicha ciudad, sobre el cumplimiento del testamento de dicho difunto, por el que se han de pagar con su herencia los estudios, vestimenta y comida al menor hasta que cumpliese 30 años (A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1684, 65).
  • 10Serrano Martín Eliseo, «Imágenes del rey e identidad del reino en los rituales y celebraciones públicas en Aragón en el siglo XVI», Obradoiro de Historia Moderna: Monográfico. Poder, imagen, opinión pública y propaganda en la Edad Moderna, 20, 2011, p. 43‑71, p. 177.
  • 11Pérez Moreda Vicente, Las crisis de mortalidad en la España interior, siglos XVI-XIX, México, Madrid, Siglo Veintiuno, 1980, p. 201.
  • 12Dubert García Isidro, Los comportamientos de la familia urbana en la Galicia del Antiguo Régimen: el ejemplo de Santiago de Compostela en el siglo XVIII, Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, 1987, p. 90.
  • 13Cava López María Gema, Infancia y sociedad en la alta-Extremadura durante el antiguo régimen, Cáceres, Institución Cultural El Brocense, 2000, p. 238.
  • 14Cava López María Gema, «La tutela de menores en Extremadura durante la Edad Moderna», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 18, 1999, p. 265‑288.
  • 15 La figura del padre general de menores fue una figura bastante extendida en Castilla, en el siglo 18, que se mantuvo muy viva en América a lo largo del siglo 19. A título de ejemplo de su labor en el siglo 17, puede consultarse «Alonso Mejía, padre general de menores de Badajoz, pleito contra los procuradores de la ciudad sobre el uso y ejercicio de este oficio» (AHN, Consejos, 25695, exp. 5).
  • 16 García Fernández Máximo, Los caminos de la juventud en la Castilla Moderna: menores, huérfanos y tutores, Madrid, Sílex, 2019, p. 95‑143; García Fernández Máximo, «Tutela y minoría de edad en la Castilla rural: prácticas cotidianas de Antiguo Régimen», Studia Historica. Historia Moderna, 38-2, 2016, p. 27‑54.
  • 17 Cortes de Castilla y León. Cortes de Segovia de 1532, T. IV, pet. LXXXI, p. 563; Cortes de Valladolid de 1544. T. V, pet. LV, p. 329-330; Cortes de 1548, T. V, pet. CLII, p. 439. Citadas por Lorenzo Pinar Francisco Javier, «La familia y la herencia en la Edad Moderna zamorana a través de los testamentos», Studia Historica. Historia Moderna, 9, 1991, p. 159‑201.
  • 18 Ibid., p. 177.
  • 19Testón Núñez Isabel, Amor, sexo y matrimonio en Extremadura, Badajoz, Universitas, 1985.
  • 20Mira Caballos Esteban, Carmona en la Edad Moderna: religiosidad y arte, población y emigración a América, Brenes, Muñoz Moya Editor, 1999.
  • 21 Nueva Recopilación, lib. V, tit. I, ley III. Enrique III, en Segovia, año 1401.
  • 22 Pleito de Juan Guerrero y Elvira Ramírez, su mujer contra Martín de Torrecilla como curador de Juan de Torrecilla, menor, hijo de Juan de Torrecilla de Arriba, difunto, y de Elvira Ramírez, sobre nombramiento de otro procurador para dicho menor por no poder seguir ejerciendo ese oficio su madre al haberse casado de nuevo. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1 304, 49.
  • 23Tovar Pulido Raquel, «Tutelas y curatelas en la época moderna: un estudio de casos en la Andalucía rural», Baética. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, 40, 2020, p. 125.
  • 24 «Que en los casos que casando segunda vez la mujer es obligada a reservar a los hijos del primer matrimonio la propiedad de lo que oviere del primer marido. Así el marido casando segunda vez». Reyes Católicos en Toro, en 1505. Nueva Recopilación lib. V, tit. V, ley IV.
  • 25Cava López María Gema, Infancia y sociedad en la alta-Extremadura durante el antiguo régimen, op. cit, p. 163 y siguientes.
  • 26Nausia Pimoulier Amaia, «Las viudas y las segundas nupcias en la Europa moderna: últimas aportaciones», Memoria y Civilización. Anuario de Historia, 9, 2006, p. 233‑260.
  • 27 Alfonso XI y Enrique III. Novísima Recopilación, lib. X, tit. XI, ley I.
  • 28 Algunas veces los menores se veían inmersos en concursos de acreedores a causa de las deudas de sus padres. Pleito litigado por Francisco de Fonseca, Juana de Acevedo, menor, hija de Diego de Acevedo, difunto, Elvira de Fonseca, viuda de Diego de Acevedo, como curadora de Juana de Acevedo, menor, Antonio de Escobar, Francisco de Castro y consortes, acreedores a los bienes de Diego de Acevedo, sobre concurso de acreedores. A.Ch.Va, Registro de Ejecutorias, caja 1201, 1.
  • 29Cava López María Gema, «Economías infantiles: recursos materiales y gestión del patrimonio de los huérfanos extremeños durante la Edad Moderna», Obradoiro de historia moderna, 8, 1999, p. 91.
  • 30 Ibid.
  • 31 Juan de Romero, el mozo, tutor de Marina, menor (1585-1588). A.Ch.Va, Pleitos Civiles, Fernando Alonso (fenecidos), caja 762, 9.
  • 32 Ejecutoria del pleito litigado por Juan Carrillo de Albornoz, curador ad litem de María de Salmerón, contra Pedro Salmerón, tutor de la niña sobre el pago de unas fanegas de trigo anuales que le padre dejó para sus alimentos (1586). A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1563, 47.
  • 33 Ejecutoria del pleito litigado por Hernán García el mozo, como curador que fue durante siete años de Juan de Villasur, contra Hernando Cardenal, como tutor que fue del mencionado menor, de la venta de unas casas y ganado pertenecientes al menor y 10.000 mrs. de alimentos que no le tenía que haber cobrado porque había prometido alimentarle de gracia (1592). A.Ch.Va. Registro de Ejecutorias, caja 1718,37.
  • 34 Ejecutoria del pleito litigado por Bautista de Benavente, curador de Antonio Guerra, menor, con Gaspar Herrera, su hermano, tutor del menor sobre dar cuenta del inventario de bienes del menor (1588). A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1619, 62.
  • 35 Ejecutoria del pleito litigado por Ana Garrido y Francisco Sánchez, su procurador, contra Juan Rodríguez, que fue su tutor, sobre la obligación de éste de presentar las cuentas ante los contadores, así como el pago de las soldadas por el servicio que le prestó en su casa dicha menor (1589). A.Ch.Va. Registro de Ejecutorias, caja 1635, 76.
  • 36 A.Ch.Va., Pleitos Civiles, Fernando Alonso, caja 1547, 6.
  • 37 Alonso de Tarsis y de Porres, curador de su sobrino (Cristóbal de Porras) pleiteó con el licenciado Lorenzo Rodríguez, abogado, canónigo de Zamora y tutor que fue del menor Luis García de Montalvo sobre rendición de cuentas y de los gastos que cada parte hizo en relación con dicho menor y sus hermanos. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1716, 45.
  • 38 A.Ch.Va., Pleitos Civiles, Fernando Alonso, caja 762. 9.
  • 39 Ejecutoria del pleito litigado por María de Villalobos, vecina de Valladolid, con Juan de Melgar, curador de Pedro de Ocio, menor, y Hernando Díez de Gaona, curador del alférez Francisco Docio, menor, y Pedro de Olave, vecinos de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), sobre entrega de la cuarta parte de los bienes dejados por Francisco Docio, marido de María de Villalobos, que le correspondían a ella por haber muerto su marido abintestato. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1629, 81. Fue más raro, pero también ocurrió que el marido de la madre reclamara bienes al hijo de ésta (Pleito litigado por Pedro Bermejo contra Pedro de la Plaza, tutor y curador de Alonso, su menor, vecinos de Montehernando, sobre entrega de los bienes que le corresponden por el fallecimiento de Isabel, mujer del primero y madre del menor. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1134, 69).
  • 40 Antonio de Perlines, curador ad litem de Juan Ruiz de Abechuco, menor, vecino de Aránguiz (Álava), con Juan Ruiz de Abechuco y María Fernández, su mujer, padres del menor, sobre restitución de los bienes dotales de Pascuala de Aránguiz, madre del menor y primera mujer de Juan Ruiz de Abechuco, su padre. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1625, 30.
  • 41 Pleito litigado por Francisco de León, como curador de María de Villacanes, menor, contra Francisco de Arce, Pedro de Bárcena y María de Arce, su mujer, que antes fue mujer de Bautista Pérez, sobre que su madre entregue la legítima de su padre para cubrir las necesidades de vestirse y alimentos. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1269, 13.
  • 42 Eugenio Esteban contra Francisco Millán Aguirre, curador de Francisco López de Aguirre, por la posesión de una casa perteneciente a la herencia de María Esteban y esposa en segundas nupcias de Francisco López, padre del menor Francisco López de Aguirre. A.Ch.Va., Pleitos Civiles, Fernando Alonso, caja 1669, 6.
  • 43 Francisco Javier Lorenzo Pinar ha señalado que en el siglo 16 las curadurías en favor de familiares alcanzaban en Zamora porcentajes similares a las conyugales y que en el transcurso del tiempo se produjo una confianza creciente del marido hacia la mujer y de la mujer hacia el marido en la designación como curadores de sus hijos. Cuestión que alcanzó su máxima expresión en el siglo 18. Lorenzo PinarFrancisco Javier, «La familia y la herencia en la Edad Moderna zamorana…», art. cit., p. 175.
  • 44 Bartolomé Román, vecino de Salamanca, como curador de Rodrigo Godínez Maldonado, su nieto, contra Gonzalo Godínez Maldonado, tío del menor, de la misma vecindad, sobre reclamación de la administración de los bienes y tutela de dicho menor. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1617, 20.
  • 45 Había casos en los que distintos familiares se hacían cargo de cada uno de los hermanos menores y unos pleiteaban con otros por el reparto de la herencia de cada uno de los menores. Juan de Ortiz de Luengas, vecino de Santiago de Tudela (Burgos) pleiteó con Pedro Martínez de Montiano, como curador de Juan de Luengas, su menor, hijo de Lope de Luegas y María Fernández entre sus hijos y el dicho menor, su nieto. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1311, 23.
  • 46 Pleito litigado por Diego González, vecino de Carrión de los Condes (Palencia), como curador de Francisco Gómez, su nieto, menor, contra Gaspar de Caviedes, de la misma vecindad, sobre restitución de unas casas que Francisco Gómez del Campo y Juan del Campo, padre y tío de Francisco Gómez, le vendieron a Gaspar de Caviedes, siendo patrimonio del menor. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1074, 19.
  • 47 Eugenio Hurtado, curador de Gaspar Molero, menor, vecino de Almorox (Toledo), contra Diego Molero, de la misma vecindad, su tío, sobre rendición de cuentas de la curaduría de Gaspar Molero, ostentada por su tío durante 20 años y pago de los salarios que le corresponden a dicho menor por los diez años que estuvo a su servicio. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1426, 39.
  • 48 Ejecutoria del pleito litigado por Marcos Vela como curador de Pedro de Villamediana, su menor, vecino de Alaejos (Valladolid), con Pedro de Villamediana, abuelo del menor, sobre reclamación de 308 ducados de la indemnización dada por los agresores a Andrés de Villamediana, padre del menor, por las heridas causadas en su mano izquierda tiempo atrás, el cual falleción abintestato. Dicha indemnización estaba en poder del abuelo. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1718, 50.
  • 49 Bautista de Benavente, curador de Antonio Guerra, menor, hijo de Melchor Herrera, contra Gaspar de Herrera, su hermano, vecino de Guadalajara, tutor del dicho menor, sobre dar cuenta por inventario de los bienes del menor. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1619, 25.
  • 50 Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de Cerezo de Torquemada, vecino de Burgos, contra el capitán Agustín Carasa, curador de Juan de Torquemada, vecino de burgos, contra el capitán Agustín Carasa, curador de Juan de Torquemada, su menor en cumplimiento de una cláusula del testamento de Pedro ortega Cerezo de Torquemada, padre de ambas partes. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1718, 55.
  • 51 Ejecutoria del pleito litigado por Francisco de Segovia Velasco, vecino de las Navas del Marqués (Ávila) sobre el censo de 20 ducados a favor de una capellanía en Muñotello (Ávila) que hizo Patricio Domínguez. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 3235, 51.
  • 52 A.Ch.Va., Pleitos Civiles, Fernando Alonso, caja 265, 3.
  • 53 Un tutor reclama la restitución de un majuelo de su menor. Ejecutoria del pleito litigado por Juan Juárez, como tutor de la persona y bienes de Juan de Mena (menor), con Catalina Rodríguez, viuda de Francisco Alonso, sobre la restitución de un majuelo que pertenecía al vínculo del menor. Todos eran vecinos de Villadiego (Burgos). A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1026, 13.
  • 54 Pleito litigado por Alonso de Lanencia, Francisca Alonso, su mujer, y Andrés Martín, como curador de Alonso Cuñal, menor, vecinos de Valdemoro (Madrid), con Juan Garrido, Diego Lope Navarro y consortes, vecinos de Seseña (Toledo), sobre la renta por la labor de una tierra de la dehesa de Requena de Campos (Palencia). A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1163, 39.
  • 55 Juan Domingo Sánchez, como curador del menor Alonso de Frutos contra Juan Capellán, por la posesión de los bienes de aniversario y heredades sitas en Fuentesaúco, que le pertenecen por herencia de su tío y que la habían sido ocupadas indebidamente por el demandado. A.Ch.Va., Pleitos Civiles, Fernando Alonso, caja 593, 6.
  • 56 Pleito litigado por Sebastián García Molinero, vecino de Alba de Tormes (Salamanca), con Diego de Guedeja, como curador de Antonia de Vargas, menor, sobre haber sido apresado en la cárcel pública de Alba de Tormes por no haber pagado sus deudas a dicha menor. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1650, 3.
  • 57 En este caso el procurador de una menor demandó a un tercero por haber sacado del puerto una nave, propiedad de una menor sin su permiso. Pleito litigado por Clara de Ubilla, menor, y Pedro de Ibiri, su curador ad litem, vecino de Motrico (Guipúzcoa), con Martín de Villafranca, vecino de San Sebastián, porque el acusado la había sacado del puerto de Pasajes (Guipúzcoa) sin permiso de la menor, su propietaria, y se había hundido a tres leguas del mencionado puerto. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1468, 72.
  • 58 Ejecutoria del pleito litigado por Antón García, vecino de Salamanca, como curador de María Rentela, menor, contra Juan García Alcaller, vecino de Salamanca, sobre pago de distintas cofias, camisas y otras prendas, que la mencionada menor utilizó para servir en casa de Juan García de Alcaller. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1201, 38.
  • 59 Agresiones denunciadas de menores hubo pocas en relación con el volumen total de pleitos. En este caso lo que hubo fue una pelea de mozos. Diego Palomino, vecino de Moraleja del Vino (Zamora) como administrador de Alonso Palomino, su hijo, mayordomo de la cofradía de los mozos del pueblo, denunció a Juan Delgado porque le había llamado «puto judío» y porque le había propinado una gran cantidad de puñetazos que le provocaron una hemorragia considerable en la nariz. Por ello fue condenado en 1573. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1262, 13.
  • 60 Pleito litigado por Pedro Nicolás, como curador de Isabel Nicolás, vecinos de Boadilla del Camino (Palencia), con Pedro Pérez de Requena, preso de la misma vecindad, sobre amancebamiento con la menor con promesa de matrimonio e injurias a su mujer cuando le reprendió su comportamiento. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1718, 55.
  • 61 Alonso de Oro, curador de Jerónima Palomo, menor, y Antonio Palomo, su tío, vecinos de Olmedo (Valladolid), con Alonso Montañero, vecino de dicha villa, sobre estupro (A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1535, 19). Real Provisión de emplazamiento y compulsoria dirigida a Juan Guerra y Ana, su menor, vecinos de Barco de Ávila a petición de Juan Martínez, de la misma vecindad, sobre estupro y embarazo de Ana, menor de Juan Guerra (A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1476, 62).
  • 62 En general, en los archivos no hay muchos casos de pederastia. Creemos que, por razones de índole social, era un delito poco denunciado. En este caso nos estamos refiriendo al pleito de Alonso Álvaro, padre de Isabel Álvaro, menor, vecinos de Santa María la Real de Nieva (Segovia), contra Francisco de Moya, preso en la cárcel pública de dicha villa, sobre haberla llamado y metido en su casa a la menor de ocho años, donde la había estuprado y corrompido saliendo con la camisa ensangrentada. Condenaron al reo a 200 azotes y diez años de galeras. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja1739, 39.
  • 63 En el siglo 18 se constata un mayor número de pleitos relativos a alborotos y peleas de mozos. En 1794 hubo una pelea en la calle Teresa Gil de Valladolid, a las cuatro de la mañana entre dos grupos de jóvenes, después de una velada con música en el Prado de la Magdalena. Uno de ellos recibió un gran palo en la cabeza y tuvo que ir a curarse al Hospital General. Los agresores tuvieron que pagar los gastos de curación, las costas del juicio y una sanción económica (A.Ch.Va., Causas Secretas, caja 29, 21). Por esa misma época, mediados del siglo 18, las autoridades se muestran preocupadas por los usos de algunos mozos solteros que se dedicaban a rondar, a alborotar los pueblos y a participaban en quimeras. A todos se los quería mandar al Servicio de Armas (Carta del gobernador del Consejo dirigida a la Chancillería, desestimando el indulto solicitado por dos vecinos de Cigales. A.Ch.Va., Cédulas y Pragmáticas, caja 27, 47).
  • 64 El monasterio de Santa María de los Huertos contra una menor sobre el pago de los réditos de un censo. Pleito litigado por el monasterio de Santa María de los Huertos, orden Premonstratense, de Segovia, contra Diego Muñoz, platero, vecino de la ciudad, como curador de María Benita, menor, hija de Juan de Benita, difunto, sobre ejecución de la carta ejecutoria de un pleito anterior, sobre ejecución de bienes de la menor por 9.000 maravedíes de deuda por impago de los réditos corridos de un censo. A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1296, 60.
  • 65 Tenorio, menor de San Cebrián de Campos (Palencia) acusó a Pedro Perrote, antiguo curador del menor (A.Ch.Va, Pleitos Civiles, Fernando Alonso, caja 793, 2). En algún caso el que había sido menor litigó contra los herederos de su antiguo curador (A.Ch.Va, Pleitos Civiles, Fernando Alonso, caja 2874, 5).
  • 66 Aquí presentamos uno de los pocos casos registrados de dilapidación de bienes: Juan Alonso y Toribio Martín, su menor, vecinos de Miranda del Castañar (Salamanca), contra Francisca González, mujer de Antonio Hernández Salguero, ausente, vecina de dicha villa, sobre pago de todo lo debido y de los bienes disipados durante el tiempo que éste último fue curador de dicho menor (A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1594, 39).
  • 67 Ejecutoria del pleito litigado por el licenciado Jerónimo Cerón, abogado de la Chancillería de Valladolid, como tutor de Juan de Arcentales (menor), con Bartolomé de Vizcarreto como heredero de Bernardino de Vizcarreto, regidor de Valladolid. Bartolomé de Vizcarreto es tutor de Juana de Arcentales, difunta, que había sido primera heredera del mayorazgo fundado por Juan de Arcentales Montañés (su padre) y el licenciado Juan de Arcentales, vecino de Bilbao (Vizcaya), sobre el pago de 1 337 977 mrs. del alcance que dejó a deber dicho tutor al mayorazgo que estaba en posesión de dicho menor como nieto de su fundador (A.Ch.Va, Registro de Ejecutorias, Caja 1771, 7).
  • 68 Pedro Merino, curador del menor Martín Nieto de Solís, vecino de Plasencia (Cáceres), con María de Zúñiga Manuel, marquesa de Mirabel, Jerónimo Forteza, vecino y regidor de dicha ciudad y Juana de Solís, viuda de diego Nieto, vecina de la misma ciudad, sobre propiedad del oficio de regimiento, el cual era propiedad de Diego Nieto y que por vía hereditaria reclama el menor, su hijo (A.Ch.Va., Registro de Ejecutorias, caja 1766, 1).